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13/ Dic / 2018

 

La decisión oficial de acudir en auxilio de los beneméritos cuerpos de bomberos, integrados por servidores mal pagados y generalmente mal equipados, merece una celebración. De ellos lo usual es que el poder solo se acuerde cuando las más graves emergencias ponen de relieve su papel. Las llamas dan significado a su existencia, pero el trato justo y constructivo debería anticiparse a las deflagraciones. El carácter municipal de las entidades de bomberos, autonomía que debe ser preservada aunque reciban asistencia extra de otros poderes, se conecta con políticas presupuestales que dan la espalda a las gestiones edilicias que no obtienen lo que ordena la ley ni lo que sus prioritarios servicios a las comunidades demandan. Muchos cuerpos de bomberos están en orfandad. Se desprecia su rol hasta en zonas turísticas en las que han ocurrido siniestros de envergadura. Además, en los hechos carecen de la autoridad que ejercen en otros países que respetan su capacidad de detectar situaciones de riesgo en locales diversos y concurridos.

Lo lógico es que los bomberos puedan velar, con facultad sancionadora, por la existencia y buenas condiciones de salidas de emergencia en cada lugar que corresponda. Lo normal sería que ellos decidan la cantidad de personas que puede estar reunida sin riesgo en sitios públicos bajo techo. Su pobreza, y falta de respaldo legal les han impedido proteger más a los ciudadanos.

La permanencia de la caña

Más allá de las quiebras y desmoronamientos de algunos ingenios azucareros en el país, el cultivo de la gramínea que abastece a esa industria no ha perdido validez aunque se redujera, y los dos consorcios privados de tradición en la molienda se mantienen como grandes productores del dulce con innovaciones que garantizan rendimiento. Pero el cierre de los centrales Ozama y Boca Chica golpeó duramente al municipio de Guerra, al nordeste de Santo Domingo, una importante región cañera que ha quedado sin destino cercano y rentable para sus cosechas.El Gobierno no debería demorar el proyecto que, bajo un nuevo concepto industrial y administrativo (obligadamente distante de la pesadilla del CEA) instalaría una procesadora de bajo costo en la provincia de Monte Plata para beneficio de una comunidad completa de cultivadores.

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